lunes, 14 de noviembre de 2016

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

El dìa 11 de octubre del presente año, se publicaron los Criterios para la elaboraciòn y presentaciòn homogènea de la informaciòn financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidaddes Federativas y los Municipios.

En cumplimiento al artìculo 4 de la LDF que establece que el Consejo Nacional de Armonizaciòn Contable en los tèrminos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitirà las normas contables necesarias para asegurar su congrencia con la LDF.

De manera sencilla les presento un cuadro para comprensiòn pràctica de los formatos ya que conforme lo establece el artìculo segundo transitorio de dichos criterios, del formato 1 al 6 se presentaràn a partir de la informaciòn del cuarto trimestre 2016....POR LO QUE HAY QUE EMPEZAR A TRABAJAR..




martes, 4 de octubre de 2016

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACIÒN ¿PORQUÈ ME INTERESA COMO PARTICULAR O PERSONA FÌSICA Y/O MORAL CONOCERLA?

Siguiendo la línea de comentar las leyes derivadas de la aprobación del paquete denominado Sistema Nacional Anticorrupción, en esta ocasión hablaremos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Como primer punto debemos comentar que esta ley es de orden público y tiene por objeto  reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:
I. La Cuenta Pública;
II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;
III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Un punto importante es que con esta Ley la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar todas las operaciones que involucren recursos públicos federales, participaciones federales, y en general todas las operaciones en las cuales exista manejo de recursos no importando la figura jurídica con que se le nombre.
Dos definiciones importantes que no debemos dejar pasar para saber si somos sujetos a la Ley en comento son las siguientes:
Entes Públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes y órganos públicos citados.
Entidades fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones federales, no obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos federales o participaciones federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines.
Para el ejercicio de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable.
Un punto importante son las multas que podrá imponer la Auditoría Superior de la Federación, ya que son la parte sancionatoria por el incumplimiento de la ley de Fiscalización que estamos comentando, y son las siguientes:
I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación;
IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender el requerimiento respectivo;
V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio de Administración Tributaria se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal de la Federación y de las demás disposiciones aplicables;
VI. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior de la Federación debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley, y
VII. Las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como por los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de información falsa.
La negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales aplicables.
Cuando los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Código Penal Federal.
Un punto que no debemos dejar pasar es que independientemente que dicha Ley esté dirigida a los entes públicos, también aplica a Personas Físicas y/o Morales, situación que pone en alerta al personal que labore en dichas figuras jurídicas a fin de no cometer una sanción. Ya que como lo muestran los párrafos anteriores, no sólo serán sancionados conforme a la Ley de Fiscalización, sino también conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para conocer qué se revisa en la Cuenta Púbica Federal, la ley nos explica detalladamente qué objeto tiene la fiscalización de dicho documento.
También se regula en esta Ley, que la Auditoría Superior de la Federación  podrá en materia de Contabilidad Gubernamental:
Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Archivos las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías
Proponer al Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, modificaciones a la forma y contenido de la información de la Cuenta Pública y a los formatos de integración correspondientes;
Y otro punto importante es el tercero relacionado, ya que la Auditoría Superior de la Federación Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes
La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables.
Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Titular de la Auditoría y los auditores especiales a que se refiere esta Ley.
Por lo que se refiere al demás contenido de la Ley, detalla sobre:
·         El procedimiento de la fiscalización de la Cuenta Pública,
·         Del contenido del Informe General a la Cámara.
·         De los informes individuales.
·         Acciones y recomendaciones derivadas de la Fiscalización.
·         Conclusión de la revisión de la Cuenta Pública.
·         Fiscalización del Gasto Federalizado.
·         Fiscalización de las Participaciones Federales (gasto no programable en el cuál los municipios deciden libremente su destino conforme a leyes secundarias de cumplimiento)
·         Fiscalización de la Deuda Pública
·         Fiscalización del cumplimiento de la Ley De Disciplina Financiera.
·         Fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores (situación que antes de esta ley no se realizaba por no estar previsto en la ley correspondiente).
·         Daños, perjuicios y financiamiento de responsabilidades.
·         Recurso de reconsideración.
·         Prescripción de Responsabilidades.
·         Funciones de la Cámara de diputados en materia de Fiscalización.
·         Organización de la Auditoria Superior de la Federación.
·         Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
·         Contraloría Social
Y finalmente los TRANSITORIOS, del cual, dos nos dan la fecha en que dichas funciones de la Auditoría Superior de la Federación entraran en vigor.
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016.
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios anteriores entrarán en vigor al 

martes, 6 de septiembre de 2016

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA DERIVADAS DEL PAQUETE NACIONAL ANTI CORRUPCION.

Como parte del paquete del Sistema Nacional Anti Corrupción, se realizaron reformas a diversas leyes, entre ellas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal.
En esta ocasión hablaremos de la Secretaría de la Función Pública, la cual debido a los actos de presunta corrupción conocidos anteriormente, originaron disculpas y regreso de casas.
Recordemos que justo el día que el ejecutivo federal promulgó el paquete nacional anti corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública presentaba su renuncia al cargo a fin de que el nuevo titular fuera nombrado conforme a las nuevas disposiciones.
Las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública son:
I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y

XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que somete el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo que sólo quedan dos cosas por hacer:
1.       Esperar a que se emitan los lineamientos, normas, manuales y demás que deberán ser formulados por la Secretaría de la Función Pública y…

2.       Esperar un actuar correcto y apegado a la ley de dicha secretaría

lunes, 8 de agosto de 2016

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



Historia de una iniciativa ciudadana

El mes de Junio pasado, fue muy importante para la vida jurídica de este país, ya que la Cámara de Diputados, aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la turnó a la Cámara de Senadores, la cual, después de mucha discusión, fue aprobada tal cual fue remitida por la cámara de origen.
Esta ley fue una iniciativa ciudadana propuesta por el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, sin embargo los diputados le hicieron cambios a modo, lo que de inmediato fue del conocimiento de la sociedad a través de las redes sociales, ejerciendo una presión que antes no había visto en torno a una ley.
Y cuando se tenía todo preparado para que el ejecutivo federal en un evento protocolario publicara dicha ley, el evento fue cancelado; y en uso legítimo de un derecho constitucional, el Presidente de la República hizo uso del derecho de veto, para que la ley fuera enviada de regreso al aparato bicameral a fin de aprobar la modificación a un artículo que había sido el motivo por el cual las redes sociales se habían volcado en contra de lo aprobado por los diputados y senadores.
Siguiendo con el paquete de Leyes Generales, en esta ocasión comentaremos algunos artículos de dicha ley que, para la fecha de publicación  de este artículo (realizado en julio pero publicado para la revista del mes de agosto) puede que ya haya sido promulgada por el ejecutivo federal.
Primeramente hay que saber que dicha ley es de observancia general en toda la República, por lo que ningún sujeto obligado puede alegar que no le aplica, se ubique en el orden de gobierno en el que se ubique.
También es importante saber que no solo a quienes se les denomine servidores públicos pueden incurrir en responsabilidades administrativas, también los particulares pueden incurrir en faltas administrativas graves y ser sujetos a las sanciones pertinentes.
Las fallas en las que concurran los entes públicos o entidades, están catalogadas de la siguiente manera:
Faltas Administrativas: las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves, así como las faltas de particulares.
1.       Falta administrativa no grave: falta administrativa de los servidores públicos cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los órganos internos de control.
2.       Falta administrativa grave: falta administrativa de los servidores públicos cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas.
3.       Falta de particulares: los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados a faltas administrativas, cuya sanción corresponde al Tribunal.
Ahora bien, quienes pueden incurrir en dichas faltas, los sujetos de dicha ley:
1.       Los servidores públicos.
2.       Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la ley en comento.
3.       Las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 32 de la misma ley (artículo que fue modificado a petición del ejecutivo federal y que fue eliminado).
4.       Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Para que el desempeño de sus actividades, los servidores públicos cumplan con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normalitas que permitan el adecuado funcionamiento del estado en conjunto.
Las autoridades facultadas para aplicar la ley en comento son las siguientes:
        I.            Las Secretarías.
      II.            Los órganos internos de control.
    III.            La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas.
    IV.            Los Tribunales.
      V.            La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, poderes judiciales de los estados y sus consejos de la judicatura respectivos, tratándose de servidores públicos de los poderes judiciales.
    VI.            Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del estado.
Para el caso de faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substancias y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa.
La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves, en los casos que acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.
Los Tribunales estarán facultados para resolver la imposición de sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares.
Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, los servidores públicos deberán observar el código de ética que sea emitido por las Secretarías o los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.
Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.
La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca.
En dicho sistema se inscribirán los datos públicos de los servidores públicos y particulares (palabra eliminada por el ejecutivo federal en uso del derecho de veto) obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses y la constancia que emita la autoridad fiscal, sobre la declaración anual de impuestos.
Del mismo modo se inscribirán y se harán públicas las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, para tal efecto, el comité coordinador emitirá los formatos respectivos.
Las Secretarias, así como los órganos internos de control de los entes públicos serán responsables de inscribir y mantener actualizada la información  correspondiente a los declarantes a su cargo.
Están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las Secretarias u órganos internos de control: ARTICULO 32 QUE FUE VETADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y MODIFICADO EN SU REDACCION.
a)      Los servidores públicos,
b)      Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos púbicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos dela Federación, de las Entidades Federativas y los municipios; (fracción eliminada por el Ejecutivo Federal en uso de su derecho de veto)
c)       Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción (fracción eliminada por el Ejecutivo Federal en uso de su derecho de veto)

Así mismo deberán presentar su declaración fiscal anua, en los términos que disponga la legislación en la materia.
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
        I.            Declaración inicial, dentro de los 60 días naturales a la toma de posesión con motivo del:
a.       Ingreso al servicio público por primera vez
b.      Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión  de su último encargo;
      II.            Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
    III.            Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales a la conclusión.
Se eliminó lo concerniente a las declaraciones tratándose de particulares y sus efectos.
Están obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial.
Las faltas administrativas no graves por acción u omisión son las siguientes:
        I.            Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar..
      II.            Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas administrativas….
    III.            Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
    IV.            Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses…
      V.            Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos,
    VI.            Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones….
  VII.            Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables
VIII.            Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, y
    IX.            Cerciorarse, antes de la celebración de cualquier tipo de contratos que el particular manifieste que no desempeña empleo,, cargo o comisión en el servicio público.
También se considerará  Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en lo que se considere falta administrativa grave, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
Los entes públicos o particulares que hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública en un plazo no mayor a 90 días, en caso que no se realice el reintegro, serán considerados créditos fiscales con todas las implicaciones legales a que haya lugar.
Se considera Falta administrativa grave:
·         Cohecho, cuando el servidor público  obtenga o pretenda obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público..
·         Peculado, cuando el servidor público autorice actos para el uso o apropiación para sí o terceros de recursos públicos, materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico.
·         Desvío de recursos, cuando el servidor público autorice la asignación de recursos públicos, materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico.
·         Utilización indebida de información que mejore sus condiciones, ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.
·         Abuso de funciones, cuando el servidor público ejerza atribuciones que no tenga conferidas para beneficio propio o de terceras personas.
·         Actuación bajo conflicto de interés, cuando el servidor público intervenga en la atención en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
·         Contratación indebida, cuando el servidor público autorice cualquier tipo de contratación de quien se encuentre impedido por disposición legal.
·         Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés cuando el servidor público falte a la veracidad en las declaraciones de situación patrimonial o de intereses.
·         Trafico de influencias, cuando el servidor público que utilice la posición de su empleo para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase y omita realizar algún acto de su competencia.
·         Encubrimiento, cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones oculte faltas administrativas.
·         Desacato, cuando el servidor público proporcione información falsa, no dé respuesta alguna o retrase la entrega de la información.
·         Obstrucción de la justicia, cuando el servidor público simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves, no inicie el procedimiento correspondiente, revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido.
Los actos de particulares que serán considerados como faltas administrativas graves son:
·         Soborno, para beneficio propio o un tercero
·         Participación ilícita, cuando se encuentre impedido o inhabilitado para procedimientos administrativos en cualquier orden de gobierno.
·         Tráfico de influencias, para beneficio propio o un tercero.
·         Utilización de información falsa, cuando se presente documentación falsa o alterada.
·         Colusión, para obtener contrataciones públicas en cualquier orden de gobierno.
·         Uso indebido de recursos públicos, cuando se desvíen del objeto para el que estén previstos.
·         Cuando los candidatos a elección popular, miembros de equipo de campaña electoral o transición entre administraciones del sector público, líderes de sindicatos del sector público, reciban beneficios a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público.
Las sanciones para las faltas administrativas no graves son:
        I.            Amonestación pública o privada.
      II.            Suspensión del empleo, cargo o comisión,
    III.            Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
    IV.            Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Las sanciones para los servidores públicos por faltas graves son:
        I.            Suspensión del empleo, cargo o comisión.
      II.            Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
    III.            Sanción económica y
    IV.            Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Como mencione al principio del artículo, este sólo es una introducción a dicha ley, para tener todos los pormenores hay que leerla por completo.

PAQUETE ECONÒMICO 2018

El dìa de hoy fue entregado el Paquete Econòmico para el ejercicio 2018, el cuàl se puede entender fàcilmente con los siguientes puntos: ...